El juicio de un jurista

Ramiro Solanes, profesor de Derecho Internacional Privado de Derechos Humanos en la Universitat de València, reconoce que los Estados “no cumplen la normativa universal”, si bien en el caso de España, a tenor del artículo 96 de la Constitución Española de 1978, los tratados internacionales una vez que han sido publicados oficialmente pasan a formar parte del ordenamiento jurídico interno y, por ende, son de obligado cumplimiento. Fundamentalmente Solanes destaca que la Declaración de los Derechos Humanos obliga y proclama de forma taxativa la obligación, tanto a nivel nacional como internacional, del desarrollo de la educación y la enseñanza”.

A juicio del profesor de Derechos Humanos, la inmigración de menores no acompañados constituye un “fenómeno ilegal” pues los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) no se acogen a la “protección que proporcionan los normativa en los que el menor perteneciente a familias no nacionales encuentre una protección equiparable a los nacionales”. La estancia irregular de estos menores choca con los intereses nacionales de la Administración Pública que actúa de espaldas a los tratados internacionales que sí reconen derechos fundamentales, entre ellos principalmente “la dignidad” a los MENA.

Al respecto, Solanes afirma que se constata una diferencia fundamental entre el inmigrante ilegal mayor de edad y aquel que todavía es menor. “Sobre la atribución y sobre la consideración fundamental del menor, tasada hoy en día bajo los 18 años, todo el que está por debajo de ese arco de edad en el ámbito internacional goza de una protección que se depara en función del interés superior que incorpora la existencia de un menor”.

El también abogado de derecho internacional privado habla sobre la obligación de los Estados de acogida de tutelar a los menores, bien en el periodo de espera antes de que sean repatriados, bien por haber sido declarados en situación de desamparo. Pese a que esta tutela efectiva supone la concesión del permiso de residencia que otorgaría al MENA una protección integral de sus derechos, este requisito no se cumple por parte de de la Administración del Estado, que es quien tiene la competencia en materia de regularización de inmigrantes.

Sin embargo, el punto de vista que tiene este profesor de derecho se corresponde con una estancia temporal de estos menores en los países de acogida. “La obligación no está solamente en darles alojamiento, vestido, asistencia sanitaria y demás, que es importante y fundamental, sino que también hay que prepararlos para su vuelta”, apunta Solanes, quien sostiene que la tarea fundamental de los países de acogida es proporcionar la educación y formación suficiente para que estos menores, una vez que retornen a sus países de origen, puedan asistir intelectualmente y llevar a sus “países unos conocimientos que tiendan al reconocimiento universal y la realización práctica universal de la dignidad del ser humano”.

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