La (i)legalidad de las pruebas de edad

Mamadou -nombre ficticio- fue expulsado el día 26 de mayo de 2010 del centro de acogida donde residía. Según una noticia publicada por el Avui, el caso de este chico senegalés es complejo. “El noviembre pasado le hicieron, como es habitual, unas pruebas radiológicas e ingresó en el centro El Bosc”, apunta el periódico catalán. Sin embargo, unos meses después, los trabajadores de la dirección general de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) se dieron cuenta de que el joven había sido sometido a un examen médico por petición de la Fiscalia de Menores de Santa Cruz de Tenerife en el 2007, donde quedó determinado que su edad era de 16 años. Por ello, “la DGAIA le comunicó que no se podía quedar en el centro”.

Otra de las irregularidades más frecuentes fue denunciada en un artículo de Público publicado el 9 de febrero de 2010 (La prueba ósea deja en la calle a 57 menores”) denunciaba que “las fiscalías regionales han llegado a solicitar pruebas de determinación de la edad a chicos cuyos pasaportes habían sido validados incluso por la Policía Científica”.  Así, este diario relató la historia de un muchacho al que la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Barcelona consideró mayor de edad alegando que “no había podido quedar acreditada” su minoría. El motivo, según Público, era que el joven se negó a realizar la prueba ósea y apeló a su pasaporte, “tal y como dicta la ley que debe procederse para calcular la edad”. Pero las autoridades españolas niegan su autenticidad.

¿Qué especifica la ley en cuanto a las pruebas de edad?

El artículo 35.3 de Ley de Extranjería hace referencia explícita al “extranjero indocumentado” y, por ello, en virtud del marco legal y jurídico de aplicación a los supuestos MENA, sólo se hará pruebas de  edad a aquellos inmigrantes localizados sin la correspondiente documentación. Si bien, como asegura el coordinador de Save the Children Valencia, Rodrigo Hernández, “la casi totalidad de los MENA en España carece de documentos de identificación válidos”, lo cierto es que concurren numeras irregularidades. En ocasiones, menores documentados que incluso aportaban un certificado de la autenticidad del pasaporte han sido sometidos a las pruebas óseas y declarados mayores de edad, quedando invalidada su documentación y, en consecuencia, excluidos del sistema español de protección. Contrariamente, como señala Javier Edo, presidente de la Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado (AVAR), “en AVAR estamos por aplicar la ley de forma rigurosa: la ley dice que en caso de que el pasaporte no coincide con la prueba de edad, prevalece el pasapore; si hay indicios de que el pasaporte es falso, entonces sí debe ser considerado mayor de edad”.

Sin embargo, las irregularidades no terminan aquí. Algunas ONG’s denuncian la inexactitud de las pruebas óseas que tienen un margen de error entorno a los 18 meses. Según la Instrucción 2/2001 de la Fiscalía General del Estado, debe regir el principio in dubio, favor minoris; en caso de duda debe tomarse la edad mínima de la horquilla resultante de las pruebas. Pero esto, en numerosas ocasiones, no se cumple. La Fundación Raíces de Madrid reveló el pasado febrero que el Gobierno de Madrid se había negado a acoger a 18 menores de edad al alegar que tenían “en torno a 18 años”, vulnerando la regla de in dubio, favor minoris.

Y, ¿en qué situación legal se hallan los MENA entre el momento de su localización hasta que se obtienen los resultados de las pruebas?

Deberían ser tratados como menores y amparados bajo la Ley de la Protección del Menor, pero las rigideces de la Administración y su empecinamiento a demostrar su mayoría de edad para no hacerse responsable de estos menores les empuja a que su condición de extranjero ilegal impere. En este sentido, la Fiscalía General del Estado señala que la situación en la que se encuentra el presunto menor es considerada como de privación de libertad sin derecho a la asistencia letrada. El hecho de que se obvie su minoría de edad hasta el resultado de las pruebas conlleva que no se le aplique el artículo 17.4 de la Ley del Menor (no confundir con Ley de Protección Jurídica del Menor), que establece un máximo de veinticuatro horas en caso de detención preventiva. Por este motivo, algunos de estos jóvenes permanecen hasta setenta y dos horas privados de libertad (habeas corpus).

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