Localizados, interceptados, ¡listos, ya!

La quilométrica carrera de obstáculos de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) por conseguir una residencia legal que les permita cumplir su sueño europeo comienza cuando son interceptados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es una carrera contrarreloj. Una lucha en la que tendrán que lidiar con las peligrosas grietas legales y los conflictos de intereses de las distintas Administraciones Públicas competentes que obstaculizarán su permanencia en España. Asimismo, estos menores deberán hacer frente al constante acecho del fantasma de la repatriación que pondría fin a su anhelo de una vida repleta de oportunidades y que invalida el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del derecho a la libre circulación de cualquier ser humano.

En virtud del artículo 35.3 de la reforma del año 2009, Ley de Extranjería establece que cuando “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad” comunicarán inmediatamente al Ministerio Fiscal su existencia para que éste proceda a la determinación de su edad “para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias”. Asimismo, este artículo indica que una vez que el menor esté en manos de las autoridades policiales y antes de la determinación de la edad, “se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor”.

En este sentido, el artículo 10.3 de la Ley de Protección del Menor establece que “los menores extranjeros que se encuentren en España tiene derecho a la educación”, así como derecho a la asistencia sanitaria y a los demás servicios públicos los menores extranjeros que se hallen en situación de riesgo o bajo la tutela o guarda de la Administración pública competente, aun cuando no residieran legalmente en España”.

Sin embargo, como denuncia Save the Children, una ONG que lucha por la defensa de los derechos del niño, conforme a la Instrucción de la Fiscalía General del Estado (FGE) 2/2001 del 28 de junio de 2001, un MENA únicamente debe ser trasladado a un centro de menores cuando se haya determinado su minoría de edad. Según la propia FGE este criterio asegura la protección de los menores residentes en el centro, pues la entrada de un “adulto” haría peligrar la integridad de los menores. Si bien es un requisito que presenta cierta lógica, Amnistía Internacional denuncia que debido a esta exigencia, estos menores no reciben la atención necesaria que correspondería a su situación real de desamparo.

Menores acompañados… ¡de mafias!: los MENA “invisibles”

Una de las irregularidades más alarmantes que Save the Children recoge en el “Informe sobre la situación de los menores no acompañados en España” es que, en ocasiones, los menores víctimas de tráfico humano no son identificados como MENA ya que llegan a España acompañados por adultos. En este sentido, uno de los principales problemas es que las fuerzas de seguridad y autoridades policiales no prestan la atención necesaria para conocer el tipo de relación que existe entre el menor y el adulto que le acompaña en la frontera, si bien los menores deberían figurar en el pasaporte del adulto. Este menor es, de esta manera, una presa potencial de ulterior explotación sexual y laboral en España.

Rodrigo Henández, coordinador de Save the Children Valencia. / CAROLINA CLEMENTE

Según el coordinador de Save The Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, el caso de las niñas menores procedentes de Rumanía es aún más vulnerable debido a que, al estar dentro del Espacio Schengen, no precisan figurar en el pasaporte del mayor acompañante. “Por este motivo, acceden sin problema a España y son, en su mayoría, forzadas a la prostitución”, afirma Hernández.

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