¿Repatriación o acogimiento?

Esta es la pregunta clave. Los expertos aseguran que, en principio, debería intentarse siempre la repatriación. El menor debe estar con su familia y lo lógico es que, habiendo entrado en España de forma ilegal y no teniendo ningún tipo de arraigo ni vínculo en nuestro país, deba criarse en su país de origen. Pero, en ningún caso, debe apelarse al principio de reunificación familiar para justificar el retorno del menor a su país de origen y ese retorno debe cumplir dos requisitos mínimos:

  1. La localización de un miembro de su familia
  2. Los servicios de protección del menor en el país de origen que se harán responsables del menor, y la confirmación de que no existe ningún riesgo o peligro para el bienestar del menor o su familia a su retorno.


Sin embargo, la evaluación de si la repatriación puede considerarse como el interés superior del menor es mucho más compleja que la simple confirmación de que el menor será recibido por una persona o entidad competente y que no existe ningún riesgo de persecución. Para ello, es fundamental conocer la situación del menor en España, así como su posible situación en su país de origen, es decir, la condición de su familia o de los servicios de protección del menor y su capacidad de ofrecerle el cuidado adecuado.

En palabras del asesor jurídico de la fundación CeImigra, Mimi Boughaleb, “siempre es mejor que esté con sus padres, pero seamos realistas, cuando un menor arriesga su vida viajando debajo de un camión, no está por la labor”. De todas formas, el factor fundamental para la protección completa del menor es la búsqueda de soluciones duraderas para éste, más aún cuando se trata de Menores No Acompañados cuya situación legal, al llegar a la mayoría de edad, se vuelve mucho más complicada y vulnerable que la de los menores españoles. Pero, estas soluciones duraderas se ven truncadas por la falta de compromiso político. Así, “si la permanencia en el país de acogida fuera en el interés superior del menor, su tutor debería procurar ofrecerle la solución legal más estable y beneficiosa posible, en vez de mostrar indiferencia respecto a sus escasas perspectivas de una residencia legal una vez alcanzada la mayoría de edad”, explica Save the Children.

Sin embargo, la repatriación no es el único objetivo que debe buscarse; a lo que debe tenderse siempre es a proteger al menor y, por ello, habrá que valorar cada caso concreto teniendo en cuenta el principio, tantas veces repetido en esta materia, del interés superior del menor conjuntamente con el derecho a la no-discriminación, teniendo en cuenta su supervivencia, su desarrollo y el derecho a la participación. En este sentido, Boughaleb, nos explica que el método más utilizado cuando un menor acude a la fundación es localizar algún familiar cercano o conocido para intentar que no esté aislado, “en algunos casos, podemos encontrar un tío, un primo o incluso una hermana o hermano, pero nunca, claro, a los padres”. El siguiente paso, añade el asesor jurídico de origen marroquí, es pedir a ese familiar que se haga cargo de él, “siempre es mejor que el menor esté con un familiar de confianza que con una organización”. Pero, eso sí, primero es necesario que “los padres del menor concedan a ése familiar el acogimiento del menor para que se haga responsable de él”, finaliza.

Actualmente, los menores no acompañados pueden residir legalmente en España principalmente a través del reconocimiento oficial de su residencia legal en tanto que menor de edad y la concesión posterior de un permiso de trabajo vía legislación de extranjería. Unos pocos menores no acompañados solicitan asilo, y su permanencia legal entonces viene dada a partir de la concesión del estatuto de refugiado, ó por razones humanitarias, vía legislación de asilo.

La perversión de la Cooperación al Desarrollo

Bajo la bandera de la Cooperación al Desarrollo, la Administración española legitimar la repatriación de los MENA a sus países de origen. De esta forma, justifica su actuación represora y punitiva hacia estos menores. Construyendo centros de acogida en los países de origen salvan la cláusula que impide repatriar a los menores. La existencia de estos centros garantiza la protección para atender las necesidades de los menores que padecen situaciones de riesgo en su propio país.

Además, estos centros dan formación a los chicos en riesgo de migración e intentan disuadirlos para que no crucen las fronteras ya que Mantener a un mena en España ronda los 80 euros al día, mientras que en Marruecos, por ejemplo, no supera los cinco euros.

Con este proyecto, España se desresponsabiliza de su deber de protección hacia los menores desamparados que se encuentran en su territorio, además de ser una forma indirecta de cerrar sus fronteras; se desvirtúa así la cooperación al desarrollo, al presentar la construcción de esos centros dentro de este marco, siendo ésta una medida clara de externalización de las políticas europeas.

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