Tratados internacionales

A tenor del artículo 96 de la Constitución española, los Tratados internacionales “válidamente celebrados” tendrán vigor en el ordenamiento jurídico español “una vez publicados oficialmente en España”. En este sentido, la derogación, modificación o suspensión de las disposiciones de estos tratados internacionales solo podrán realizarse “en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional”.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera “distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios”.

El artículo 13 proclama la libertad de circulación de todas las personas dentro de su Estado, así como la libertad de cada individuo de salir y regresar de su país.

La Convención de los Derechos del Niño marcó un antes y un después en el reconocimiento de los derechos de este grupo “tan vulnerable”. Según Unicef, es un tratado de las Naciones Unidas y la primera ley internacional sobre los derechos del niño y la niña “jurídicamente vinculante”. Consecuentemente, su cumplimiento es obligatorio para los 194 Estados que la han ratificado, entre ellos, España.

En este sentido, Marlene Perkins, responsable de comunicación de Unicef Valencia, asegura que, a merced de la promulgación de la Convención de Derechos del Niño, la protección de los menores pasó de ser meramente asistencial, por la que se entendía que los niños eran “objeto de cuidado”, a una concepción de que los menores son “sujetos de derechos legítimos” y, por ende, su protección es un derecho legalmente exigible.

La Convención de Ginebra de 1951 define al refugiado como aquella persona que se encuentra fuera de su país de origen y no puede o no quiere retornar debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas.

En 1967 se firmó en Nueva York el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.

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