Hecha la ley, hecha la trampa

La creación de la ciudadanía de la Unión Europea con el Tratado de Maastricht en 1992 redifinió la concepción tradicional de extranjería. Este replanteamiento obligó a distinguir entre aquellos que poseen la nacionalidad española; los extranjeros comunitarios que, a merced del surgimiento del Espacio Schengen, tienen garantizado el derecho de libre circulación; y por último, los nacionales de terceros países, los cuales no forman parte del espacio común europeo y, sobre ellos principalmente, recae el término de “extranjeros”.

Hemiciclo del Parlamento Europeo de Estrasburgo.

Hemiciclo del Parlamento Europeo de Estrasburgo. / CAROLINA CLEMENTE

En el caso español, los MENA, por su doble condición de extranjero y menor, están sometidos a dos leyes fundamentales: la Ley de Extranjería de 2000, reformada en 2009, y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996. Si bien se determina que prima “el interés superior del menor”,  el acento se pone sobre su condición de inmigrante irregular y no sobre su condición de menor en situación de “desamparo”.  El conflicto de intereses entre las distintas Administraciones Públicas competentes comportan, asimismo, inoportunas irregularidades en los procesos de protección y legalización de los MENA.

“La larga carrera de obstáculos de los MENA” (Haz click en el gráfico para ir a “El recorrido legal”) / A. BONO, C. CLEMENTE

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